El impulso público

Los Gobiernos de todo el mundo están actuando con decisión ante la magnitud de la crisis. El impulso público trata de contrapesar la abrupta contracción de la actividad privada y amortiguar su impacto negativo sobre el crecimiento económico y el mercado de trabajo. Incluso en los países de espíritu más liberal, como Estados Unidos, las autoridades de política económica han desempolvado las otrora denostadas teorías keynesianas, emprendiendo ambiciosos programas de gasto. No en vano, la gravedad de la enfermedad requiere un tratamiento de choque.

Este compromiso de las Administraciones con la resolución de la complicada coyuntura es, sin duda, uno de los puntales básicos que explica la estabilización de los mercados en las últimas semanas. La restauración de la confianza y la reactivación de los flujos económicos que trae consigo este esfuerzo comienzan a cosechar frutos. Especialmente, la inyección de recursos beneficia a determinados sectores, como las compañías dedicadas a la construcción de infraestructuras y equipamientos públicos, conforme estamos comprobando ya con los primeros desarrollos del “Plan Obama”.

Sin embargo, este impulso no abre un camino de rosas. Los ingresos públicos están cayendo vertiginosamente por la menor actividad económica y, a la par, el aumento de los desembolsos es constante (prestaciones de paro, obra pública, etc.). La incursión en números rojos en las cuentas estatales está servida. De acuerdo con las estimaciones más solventes, el déficit público se moverá en el entorno del 10% del PIB en 2009 en Estados Unidos y otros muchos países, entre ellos también España. Se trata de niveles inéditos en las últimas décadas.

En este contexto, conviene recordar los principales riesgos inherentes a los desequilibrios abultados en el presupuesto público. En primer lugar, aunque parezca una perogrullada, no basta con gastar, sino que hay que orientar los fondos con criterio. En segundo lugar, los volúmenes comprometidos no deben amenazar la sostenibilidad a largo plazo de las arcas estatales, puesto que, tarde o temprano, habrá que devolver la financiación tomada. Es decir, el recurso al endeudamiento no es ilimitado. Además, las medidas excepcionales adoptadas tienen que ser necesariamente temporales, ya que antes o después estaremos obligados a retirar la medicina. En tercer lugar, la emisión de deuda pública, imprescindible para cubrir la brecha entre ingresos y gastos, activará lo que los anglosajones califican como “crowding out” (efecto expulsión) sobre la demanda de financiación privada. En otros términos, el ahorro que suscriba letras y bonos públicos no estará disponible para la inversión de las empresas y de las familias. Por último, el exceso de oferta de papel en el mercado de deuda pública provocará, previsiblemente, un repunte de los rendimientos de estos valores, lo que supondrá un mayor esfuerzo presupuestario para cubrir los pagos de intereses.

En definitiva, los Gobiernos están poniendo toda la carne en el asador para que la economía retome pulso. A corto plazo, el enfermo está empezando a responder y las Bolsas lo reconocen. Pero la dimensión del envite, en forma de ingente déficit público, no está exenta de riesgos y, tampoco lo olvidemos, la auténtica recuperación sólo puede consolidarse a partir del impulso del sector privado.

Enrique Barbero Lahoz (ebarbero@ibercaja.es). Ibercaja. Heraldo de Aragón, 10 de mayo de 2009.