Basilea III: nueva regulación bancaria

A lo largo de esta última crisis, se vio necesaria la implementación de un nuevo marco regulatorio más estricto para el sistema bancario. Tras las ingentes ayudas que recibieron muchas entidades para evitar su colapso, los gobiernos no están dispuestos a inyectar de nuevo capital en el sistema. Por tanto, el objetivo buscado es dotar a la banca de recursos propios suficientes para ser capaz de hacer frente a los riesgos que asuma en momentos de especial tensión. Tal y como se esperaba, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó antes de final de año un documento consultivo sobre las nuevas propuestas de regulación en el que hace recomendaciones para mejorar la calidad, consistencia y transparencia de la base de capital de los bancos.

Algunas propuestas son muy genéricas todavía y reflejan las inquietudes del G-20 de exigir más capital y de mayor calidad. Así en el documento publicado el 17 de diciembre no se incluye todavía el capital mínimo que será requerido, ni el ratio de apalancamiento máximo. Sin embargo, se hace énfasis en la necesidad de armonizar las diferencias entre países en los métodos de cálculo del capital exigible. En especial, en cuanto a los diferentes ajustes que han de efectuarse para que el capital básico sea realmente suficiente para asumir las pérdidas esperables. Entre estas ideas se incluyen la detracción de gastos deducibles, déficit por pensiones, fondos de comercio e intereses minoritarios, así como la adición de plusvalías latentes. Uno de los puntos que más ampollas parece levantar en el sector es la eliminación de los minoritarios, que aunque realmente no es una partida de capital que pudiera llegar a absorber pérdidas del grupo, sí que representa recursos propios para alguna empresa subsidiaria. Su queja viene motivada porque la venta de porcentajes minoritarios de sus participadas representa una vía de financiación para el crecimiento.

Por otro lado, el Comité de Basilea introduce unos mínimos de liquidez, después del colapso vivido en el mercado en la reciente crisis financiera. Se trata de fijar unos estándares para la cobertura de tensiones a muy corto plazo, que garanticen que las entidades tengan suficientes activos líquidos de elevada calidad para hacer frente un posible escenario de stress a treinta días prefijado por el supervisor. También se busca establecer un ratio estructural a largo plazo y dotar de incentivos a los bancos para financiar sus actividades utilizando fuentes estables.

Otra novedad que la nueva regulación del sector pretende introducir es la obligación de dotar provisiones anticíclicas en los años de bonanza para suavizar el impacto en resultados del incremento de la morosidad en los períodos de dificultad, de alguna forma similar a la que rige en España. En cualquier caso, la entrada en vigor de los nuevos requerimientos está prevista para finales del año 2012. A lo largo del ejercicio en curso se realizarán las evaluaciones de impacto y se estudiarán las sugerencias de la industria al respecto, para definir la normativa definitiva durante 2011. Probablemente el estricto borrador actual sea suavizado, pero no cabe duda que tendremos un sector bancario más regulado que tendrá que limitar sus riesgos a aquellos que sea capaz de asumir.

Anabel Laín Aliaga (comunicacion@ibercaja.es). Ibercaja Gestión. Heraldo de Aragón, 17 de enero de 2010.