Inmobiliario Español: del odio al amor

Durante los últimos meses estamos viendo un creciente interés por la inversión en activos inmobiliarios en España, hasta ahora sector denostado por los inversores. Flujos de inversión internacional han fijado su destino en nuestro país. Esta inversión ha sido facilitada, además de por la mejora de nuestros datos macroeconómicos, por el nuevo régimen de las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria), para las cuales el tipo impositivo a nivel de sociedad es del 0%. Para poder acogerse a tal forma jurídica es necesario que se cumplan una serie de requisitos. Podríamos destacar que la sociedad debe tener al menos 5 millones de capital social, tener en propiedad activos inmobiliarios de naturaleza urbana destinados al alquiler y que repartan, al menos, un 80% de su beneficio en dividendos. Cada inversor deberá tributar en su caso por el dividendo obtenido, en la correspondiente escala. Esta nueva normativa, confeccionada a imagen y semejanza de los REITS (Real Estate Investment Trust) anglosajones, permite captar financiación de nuevos inversores por su atractivo tratamiento fiscal, profesionalización de la gestión y porque al deber cotizar en los mercados dota de transparencia y valoración diaria de estas sociedades. A principios de este mes, LAR España, comenzó a cotizar como primera SOCIMI listada en el mercado continuo. Le siguió Hispania, que sin ser todavía SOCIMI, cuenta con unos inversores de referencia de la talla de Soros o Paulson, entre otros. Entre ambas han captado 900 millones de euros de capital. Ninguno de estos vehículos cuentan con ninguna propiedad, y tomarán el dinero obtenido para invertir en activos inmobiliarios en suelo español, apoyados por las elevadas rentabilidades que ofrecen en un entorno de bajos tipos de interés y aprovechando las oportunidades que se presentarán ante las ventas del SAREB y los Bancos. El baile en el inmobiliario español ha comenzado.

Pedro Lacambra Prieto (placambra@ibercaja.es). Ibercaja Gestión. Heraldo de Aragón, 23 de marzo de 2014